EL SÁHARA OCCIDENTAL, UN FUTURO EN PUNTO MUERTO
Por Carlos Tofiño Rodríguez / 4 julio 2023
Mientras el mundo asiste a una reconfiguración de las relaciones internacionales y Europa afronta una nueva guerra dentro de sus fronteras bajo un marco geopolítico cada vez más polarizado y la sombra de un cambio climático a escala planetaria, a quién, en definitiva, le puede importar el destino de unos cuantos miles de saharauis aparcados desde hace décadas en un rincón del desierto argelino. La guerra en Ucrania ha puesto el foco en la reivindicación unánime del cumplimiento del Derecho Internacional y el respeto por la soberanía territorial de los pueblos, pero en estos momentos de alta intensidad diplomática, los impulsores de la Sociedad de Naciones se olvidan de otros compromisos históricos adquiridos con anterioridad.
Parece como si la historia definitiva del Sáhara Occidental esperara todavía por ser contada. Actualmente integra una lista de 17 territorios no autónomos que, por mandato de la ONU, deben ser objeto de un proceso de descolonización, pero su idiosincrasia es una excepción en este particular grupo: ni es una isla, ni un paraíso fiscal. Según Naciones Unidas, la potencia administradora oficial sigue siendo la antigua colonia, es decir, España, a pesar de renunciar a sus obligaciones en 1976 tras la invasión marroquí del Sáhara Español durante la famosa Marcha Verde (1975) y el posterior Acuerdo Tripartito de Madrid (1975) entre España, Marruecos y Mauritania. El dato no es baladí, pues la jurisdicción territorial, marítima y aérea podría ser ejercida por la antigua colonia, aunque en la práctica quedó bajo el control de Marruecos como nuevo ocupante de estas tierras al sur de su reinado.
Desde entonces, la travesía en el desierto de la República Árabe Saharaui Democrática – RASD está lejos de terminar. Tras casi 50 años desde su autoproclamación (27 de febrero de 1976), ha sido reconocida hasta por 84 estados, ninguno de ellos perteneciente a la órbita política occidental, Europa o la Alianza Atlántica, a excepción de Albania. Sí es miembro, en cambio, de la Unión Africana y Naciones Unidas ha publicado hasta 74 resoluciones encaminadas a la solución del conflicto, incluyendo la famosa resolución 690 del 29 de abril de 1991 por la que se aprobaba el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y establecía un alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. A pesar del establecimiento de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), la consulta popular nunca llegó a celebrarse.
Promesas incumplidas y esperanzas frustradas alimentadas por una cascada de resoluciones y planes de autonomía infructuosos bajo el auspicio de la ONU que no han impedido el hostigamiento continuo por parte de Marruecos hacia la población saharaui que permaneció en la zona anexionada y representa un 60% de sus habitantes. Especialmente crítica fue la represión política y encarcelamientos en respuesta a las manifestaciones secesionistas que se sucedieron en la primera década del estrenado siglo. Posiciones irreconciliables que, desde finales del 2020, han provocado la vuelta al conflicto armado entre el Frente Polisario y el reino de Marruecos en una guerra calificada de baja intensidad, pero que puede poner en jaque la ya delicada estabilidad de la región.
Si la soberanía no resuelta de un pueblo en el exilio es resultado de la poca eficacia jurídica internacional, en cambio, no funciona la misma lógica con la gestión y reparto de los recursos naturales de la zona. El potencial pesquero, minero, gasístico y petrolífero que representan Marruecos y Argelia convierten a estos dos países en socios comerciales prioritarios de la Unión Europea en general y España en particular. Además, su posición regional hace de ellos aliados indispensables en el control migratorio de fronteras y ejes estratégicos en la lucha contra la expansión de bases islamistas radicales. Todo un reto geopolítico de primer orden que encuentra en la “causa saharaui” un incómodo asunto que la comunidad internacional se obstina en cronificar en favor de los intereses citados.
Mientras, los más de medio millón de saharauis se dividen en dos territorios, los ocupados por Marruecos y los cedidos para su exilio en los campamentos de Tinduf, al sur de Argelia. El reino alauí presentó en 2007 un plan de autonomía, pero siempre bajo soberanía marroquí que, ni es aceptado por el Frente Polisario, ni tampoco por Argel. El conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental es un continuo comodín de confrontación entre estos dos vecinos mal avenidos que tienen sus fronteras terrestres cerradas desde 1994. Así, como afirman los periodistas Lakhdar Benchiba (argelino) y Omar-Lotfi Lahlou (marroquí), mientras Argelia se ha dedicado a acusar a Marruecos de inacción para combatir el tráfico de drogas, Rabat considera que la negativa de Argelia a negociar la reapertura de la frontera tiene como única finalidad asfixiar a sus provincias orientales. Los penúltimos capítulos de la ruptura diplomática entre estos dos países se dirimen entre la clausura del espacio aéreo argelino para los aviones marroquíes o el cierre de válvulas del gaseoducto Magreb-Europa que transcurre por territorio magrebí para abastecer de gas a la península ibérica y que cubría el 97% de las necesidades gasísticas de Rabat en virtud del derecho de paso.
El derecho soberano al control de un territorio en disputa se topa, por defecto, con la dificultad de entendimiento entre las partes enfrentadas. Sin entrar en las disquisiciones sobre el concepto de estado o nación reivindicados por Marruecos y la RASD respectivamente, ni tampoco en la legitimidad jurídica sobre la que se asienta el derecho internacional de autodeterminación, parece claro que, ante el bloqueo para la celebración de un referéndum, lograr la legitimidad de un estado requiere necesariamente del reconocimiento de su soberanía por el resto de la comunidad internacional. Por ello, la declaración del anterior presidente estadounidense Donald Trump justo antes de acabar su mandato en diciembre de 2020, en la que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, marca un punto de inflexión en este conflicto que lo aleja de la posibilidad de una eventual consulta y la búsqueda de una solución negociada. De hecho, “solución negociada” es precisamente el eufemismo al que recurren Naciones Unidas y países europeos para evitar una declaración que exprese un “no reconocimiento” del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Así, la última resolución de la ONU (2021) sobre el asunto del Sáhara Occidental, aunque no prescinde del principio de libre determinación, apela a la “voluntad política de las partes para alcanzar una solución realista y con espíritu de avenencia, alentando a los países vecinos para contribuir en este proceso político”. En esta línea, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a través de una misiva al rey de Marruecos Mohamed VI enviada en marzo del 2022, reconocía el marco propuesto por Naciones Unidas y otorgaba validez a la propuesta marroquí de autonomía como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.
El giro político sobre la cuestión del Sáhara Occidental mostrado por el Ejecutivo español ha sido tachado de traición o cobardía por una parte de la izquierda española y de las organizaciones sociales, pero que traducido al diccionario geopolítico internacional se trataría del clásico pragmatismo en favor de los intereses de parte. No en vano, ni siquiera representa un giro, sino que la nueva posición del Gobierno español es, como afirma el periodista Ignacio Cembrero especializado en el contexto del Magreb, “una confirmación de una trayectoria discreta en favor de la postura marroquí llevada a cabo por los sucesivos gobiernos progresistas y conservadores en España”.
España practica así la política del avestruz en la cuestión saharaui y no asume su responsabilidad histórica como antigua colonia y todavía “potencia administradora oficial” del Sáhara Occidental. La crisis diplomática generada en la primavera del 2021 tras la hospitalización en Logroño de Brahim Gali, líder del Frente Polisario y actual presidente de la RASD, acogido por razones humanitarias al encontrarse enfermo de coronavirus y la posterior entrada de miles de inmigrantes a través de la frontera de Ceuta favorecida por el régimen marroquí, decantó definitivamente la balanza del Gobierno español hacia las posiciones de Rabat, como se expresaba en la referida misiva del presidente Sánchez al rey Mohamed VI. Una crisis sellada definitivamente en la Cumbre hispano-marroquí del pasado mes de febrero en donde ambos países renovaron su cooperación diplomática a través de nuevas asociaciones económicas y compromisos fronterizos, expresando el firme propósito de generar un “clima de confianza mutua que evite todo aquello que ofenda a la otra parte, especialmente en las respectivas esferas de soberanía”.
La necesidad de una fluidez diplomática con el vecino del sur resulta vital para los intereses económicos y políticos españoles y de la UE. España es el principal cliente y proveedor de Marruecos y Marruecos es, tras Estados Unidos, el principal socio comercial de España fuera de la UE, lo que le convierte en un aliado indispensable para el control de fronteras y la lucha antiterrorista. Una baza que el reino alauí sabe jugar con habilidad cuando le interesa mediante una diplomacia de chantaje que hasta la fecha le ha aportado nutridos réditos, como el reciente giro hacia sus posiciones con el asunto del Sáhara Occidental. Como contrapartida, para España se ha resentido la relación con Argelia, que reaccionó con una restricción y encarecimiento del suministro de gas hacia la península ibérica y, por supuesto, con una manifiesta oposición del Frente Polisario que acusó a España de “sucumbir ante la política del miedo utilizada por Marruecos”.
No parece fácil, por tanto, atisbar una solución próxima que consiga sacar a la causa saharaui de su prisión en el tiempo. Mientras España y la UE se ven arrastradas por la posición de Washington ante el reconocimiento de la “marroquinidad” del Sáhara Occidental como contrapartida a la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel, Argelia, tradicional defensora de la “autodeterminación” como principio legitimador de un Estado independiente, refuerza su eje de colaboración con Rusia e Irán, lo que dificulta, más si cabe en el actual contexto de guerra en Ucrania, un posible entendimiento entre partes. La propuesta de autonomía marroquí implicaría una renuncia por parte de la RASD a la soberanía del territorio, un elemento que el Frente Polisario considera irrenunciable hasta la fecha. Según explica Abdallah Harsi, profesor de la Universidad de Fez, se trataría de una autonomía que tiene por objeto crear una región con un estatuto específico, excepcional y dotada de competencias propias de una administración local en cuanto a los asuntos culturales, económicos y sociales principalmente, mientras que las “prerrogativas regalianas” de justicia, defensa, relaciones exteriores e, incluso, religiosas, seguirían reservadas al estado soberano, es decir, Marruecos. Para el periodista Ignacio Cembrero, se trataría de una propuesta “raquítica” y muy alejada del concepto de gestión descentralizada del que gozan las comunidades autónomas en España.
Renunciar a la independencia por parte de la RASD implicaría una redefinición de la identidad del pueblo saharaui como parte integrante del reino marroquí, algo improbable que suceda. Si bien es cierto que, como explica el historiador Alejandro García, con anterioridad a la llegada de los españoles existía una relación de continuidad del territorio marroquí con el del Sáhara Occidental mediante el tránsito de tribus emparentadas por vínculos troncales y culturales, e incluso una vinculación histórica con la participación de saharauis en la lucha por la liberación de Marruecos a finales siglo XIX y principios del XX, no serían vínculos suficientes para legitimar, como reconoce el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, la reivindicación de soberanía territorial que pretende Rabat.
La cuestión de la “bandera” se impone, así, como una línea irrenunciable para ambas partes: ni la independencia de uno es reconocida, ni aceptada la ocupación del otro. Un enconamiento que desde finales del 2020 ha reactivado el enfrentamiento armado poniendo fin a 30 años de alto el fuego desde el acuerdo alcanzado en 1991. Si la RASD ha sido reconocida por un organismo internacional como la Unión Africana y por la mayoría de los países de este continente ¿cabría pensar en un apoyo militar a un país miembro cuyo territorio consideran ocupado por el país vecino? La inexistencia de una alianza militar africana y el escaso potencial armamentístico de los países miembros hace que se antoje incierta esta posibilidad, así como la búsqueda forzada de paralelismos con la ocupación de Ucrania, pero la correlación de alianzas geopolíticas que representan Marruecos y Argelia, podría elevar la tensión entre ejes enfrentados a propósito de la causa saharaui y alimentar, como sucedió en el pasado con otros conflictos regionales, el actual embrión de una eventual Guerra Fría.
Por el contrario, plantear una propuesta híbrida de soberanía compartida supondría un nuevo paradigma en la solución de conflictos territoriales como el del Sáhara Occidental. Esto implicaría la firma de convenios bilaterales que superasen los marcos de autonomía propuestos por Marruecos y el reconocimiento definitivo de la República Árabe Saharaui Democrática como país de pleno derecho. Sería una especie de “nacionalismo a la inversa” que reforzará los vínculos troncales comunes e hiciera de la diferencia, elementos de riqueza compartida. Una operación de verdadera audacia diplomática, más cerca de una utopía que de la realidad y que, puestos a soñar, favorecería la construcción de un Magreb Unido cuyo desarrollo regional, político, económico y social sería beneficioso para ambas orillas del Mediterráneo. Lejos de este horizonte, la realidad, sin embargo, se inclina obstinada hacia la imposición de facto del Derecho Internacional, es decir, convertir la fuerza en costumbre y la costumbre en derecho. Una mala praxis que bajo el espejismo de las resoluciones cronifica en punto muerto el futuro del pueblo saharaui.
Publicado en Prisma UC3M