LAS TRINCHERAS DE DONALD TRUMP
Por Carlos Tofiño / 28 marzo 2025
100 días es el periodo clásico concedido al inicio de las presidencias para analizar hacia donde apuntarán las políticas de un nuevo gobierno. Pero Donald Trump, ni se estrena en el cargo, ni ha necesitado tanto tiempo para proyectar los esquemas políticos de su nueva etapa. De hecho, bastó con la primera semana para monopolizar las cabeceras de los medios de comunicación mundiales con titulares sobre las verdaderas intenciones de su ejecutivo, que, dicho sea de paso, coincidían bastante con sus discursos electorales.
Ser el presidente menos belicista de la historia de Estados Unidos fue una de sus grandes proclamas de campaña para situar el legado de su primer mandato (2017-2021) sobre los fracasos militares del malogrado excandidato a la reelección, el demócrata Joe Biden. A pesar de que el primer Trump se mantuvo involucrado en diferentes conflictos armados en curso, es cierto que, a diferencia de sus predecesores Obama y Bush, no inició ninguna nueva guerra a gran escala. La versión 2.0, en cambio, aunque se estrenó atribuyéndose el mérito de la tregua en Gaza, presenta un formato descaradamente beligerante cavando trincheras desde su Despacho Oval que apuntan con artillería pesada contra todo aquello que se declare en contra de su agenda presidencial. Una política agresiva y ejercida a golpe de decretos supeditados al mantra de “engrandecer América otra vez”.
El primer gran cañonazo ha sido con la política comercial, iniciando una guerra arancelaria con diferentes potencias regionales. Trump recupera así la batalla impositiva de su anterior mandato, especialmente sobre el acero y aluminio con gravámenes de hasta el 25%, que ha provocado la reacción inmediata de Canadá como principal exportador de estas materias primas y, también, de China, respondiendo ambos con aranceles equivalentes a las exportaciones estadounidenses. La reacción de la Unión Europea, en cambio, parece todavía aturdida por una “onda expansiva” que, sorprendentemente, parece haberla pillado por sorpresa.
Todo lo contrario que México, el principal socio comercial de Estados Unidos, que, ante la intimidación de su política arancelaria, ha sabido encontrar (de momento) un diálogo comercial y diplomático con su vecino del norte para mitigar los efectos de una política económica que podría perjudicar a ambas naciones a orillas del Río Bravo. Más al sur, países como Colombia y Brasil de gran importancia por su balanza comercial en el continente, también se han visto afectados por esta política de aranceles impuesta bajo el comodín de la “protección de la seguridad nacional” e, incluso, la Argentina de Milei, que, a pesar de su “hermandad” con las políticas de Trump, no se ha librado de su obsesión tarifaria.
Con esta política económica de fuego cruzado, Trump inicia también una guerra diplomática que va más allá del incumplimiento de acuerdos comerciales previos. Con una sola llamada de teléfono a Vladimir Putin, Donald Trump ha sido capaz de revolver las piezas del ajedrez ucraniano iniciando una nueva fase del conflicto después del estancamiento tras tres años de guerra. No sólo ha roto el veto “occidental” validando a Rusia como interlocutor, sino que ha deslegitimado a la Unión Europea como mediador e, incluso, ha prescindido de Ucrania en la inicial negociación de una eventual tregua en su territorio. Un desprecio que quedó escenificado con la reprimenda que Trump y su vicepresidente Vance se encargaron de dar en la Casa Blanca al “invitado” Zelenski ante las cámaras de televisión del mundo entero. A pesar de esta humillación, las recientes conversaciones telefónicas de Trump con Putin y Zelenski respectivamente, tienen la intención de acelerar estos acuerdos de alto el fuego, especialmente durante las negociaciones a tres bandas que deberían llevarse a cabo en Riad (Arabia Saudita) en el momento de publicación de este artículo. Pero el fin de las hostilidades no está asegurado mientras sigan confrontando intereses contrapuestos en territorio ucraniano relacionados con la legítima reclamación por Kiev de su soberanía, la exclusión de asistencia militar internacional exigida por Moscú, o las garantías de acceso a minerales y recursos naturales que persigue Washington.
El otro gran frente diplomático es Oriente Medio, en particular, la guerra entre Israel y Palestina. La reciente ruptura el pasado 18 de marzo del acuerdo de alto el fuego declarado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y los bombardeos indiscriminados sobre la población gazatí han demostrado que la paz en la región no es una prioridad para el presidente Trump, que no ha puesto reparos ante la reanudación de los ataques del ejército israelí. No en vano, el anunciado delirio en el mes febrero de convertir la Franja de Gaza en la Riviera de Oriente Medio no sólo demuestra un desprecio al campo de los derechos humanos y la legalidad internacional, sino que supone una exhibición de la política internacional entendida como negocio, interesada en este caso por las prospecciones gasísticas (y urbanísticas) explotables en la costa palestina. De llevarse a cabo, significaría una limpieza étnica y deportación forzada de manual que, como afirma Amnistía Internacional “supondrían crímenes de guerra y lesa humanidad al producirse como ataques sistematizados en marcha sobre población civil”.
Los tintes expansionistas de la diplomacia estadounidense a lo largo de la historia no son nuevos, si, en cambio, las formas que Trump exhibe en las que ni disimula, ni oculta sus deseos por bizarros que parezcan como convertir Canadá en el estado número 51, anexionarse Groenlandia o recuperar el control del Canal de Panamá. Incluso se ha apropiado por decreto la denominación del Golfo de México como Golfo de América, un accidente geográfico que está reconocido internacionalmente desde 1607.
La diplomacia así entendida, supone una cruzada contra la legalidad internacional y la deslegitimación de sus instituciones supranacionales. Como ya hizo en su primera presidencia, Trump no ha esperado para sacar a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recuperado durante el mandato de Biden. Tampoco ha dudado en recibir como primer invitado oficial a la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) acusado de cometer crímenes de guerra. A pesar de que EEUU no forme parte del TPI, y, por tanto, no esté obligado a detener a Netanyahu, no ha sido impedimento para que Trump apruebe una orden ejecutiva que regula la imposición de sanciones relacionadas con la congelación de activos y restricciones de viaje al personal del TPI involucrado en investigaciones contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, como Israel. La emisión del mencionado decreto, como afirma Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio, lleva implícito un mensaje de descrédito a todo el sistema judicial internacional y representa un claro peligro de contagio por toda la “internacional patriótica” encumbrada tras la victoria de Trump.
A la interna, el presidente republicano también ha desplegado sus armas contra el poder judicial desafiando el principio constitucional de separación de poderes. Trump ha procedido, así, a despedir, en modo revancha, a trabajadores federales del Departamento de Justicia e inspectores anticorrupción que habían participado en los procesos de investigación sobre causas penales abiertas contra él. En esta particular cruzada, le faltó tiempo para firmar una orden de indulto masivo para los más de 1500 condenados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, considerado el mayor ataque a la democracia estadounidense en su historia. Una guerra judicial que va acompañada de la deslegitimación contra todo juez que emita órdenes fuera de su agrado, como hizo con el magistrado federal de Manhattan, Paul Engelmayer, por limitar al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, para acceder a los sistemas de pago sensibles del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La penúltima polémica al respecto ha sido la reciente amenaza de impeachment (juicio político) al juez federal James Boasberg después de ignorar su orden para detener la deportación de cientos de venezolanos a El Salvador que Trump decretó recurriendo a una ley del siglo XVIII aprobada para ser aplicada en tiempos de guerra.
Trump ya advirtió al principio de su mandato durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que ejercería acciones contra aquellos jueces que se mantengan al margen de su agenda u obstaculicen sus planes de reducir el tamaño del gobierno. La velocidad e impetuosidad en la emisión de decenas y decenas de decretos de dudosa legalidad apenas puede ser respondido en tiempo y forma por los órganos judiciales estadounidenses. No obstante, como informa el corresponsal de El País en Washington, Miguel Jiménez, “hay más de un centenar de medidas impugnadas y los jueces han suspendido cautelarmente más de una docena de decisiones del Ejecutivo”. En respuesta a este “desafío de las normas”, según lo califica Jessica Silbey, profesora de Derecho de la Universidad de Boston, más de 1.000 académicos de Derecho de todo el país han firmado una carta en la que denuncian “la gran cantidad de decretos y acciones ilegales del presidente Trump”.
Y he aquí otro de los grandes frentes de guerra de la Administración Trump, es decir, la propia administración, o, mejor dicho, sus trabajadores. Según Elon Musk, el tecno magnate dueño de Tesla, X y SpaceX, “los funcionarios son una cuarta rama de la administración no elegida por los ciudadanos”. Paradójicamente, Musk tampoco ha sido elegido por ellos, pero su cargo de asesor no le resulta un impedimento para expandir su frenesí de purgas, como ya hizo cuando adquirió Twitter. En la mirilla de estos recortes avalados por decreto presidencial está la congelación de ayudas federales a programas sociales y de cooperación, como ha sucedido con USAID, la conocida (y polémica) Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha reducido su personal de más de 10,000 empleados a menos de 300. Con esta medida Musk busca disminuir el gasto federal y eliminar programas considerados ineficientes, una suspensión de fondos que condena la continuidad de numerosos programas sociales y de ayuda de emergencia en muchos rincones del planeta. El envío de armas a Israel, por cierto, es una de las pocas excepciones a la congelación de estos presupuestos.
Como telón de fondo de todos estos recortes sociales está la guerra cultural, una batalla ideológica abanderada por Trump desde su disputa electoral con Hilary Clinton y que ahora, con su Proyecto (ultra conservador) 2025, vuelve a tener capacidad legislativa para imponerlo por decreto. Así, no le ha temblado el rotulador para firmar órdenes ejecutivas que congelan todas las subvenciones federales a las agencias gubernamentales para evitar políticas que promuevan la diversidad, la equidad o la inclusión, es decir, toda una revisión ideológica generalizada del gasto público. El amplio espectro de la batalla cultural alcanza desde la creación de un grupo de trabajo ad hoc en el Departamento de Justicia para perseguir el sesgo “anticristiano”; la demonización del minorías vulnerables, como el colectivo trans y su prohibición de ingresar en el ejército de Estados Unidos; eliminación de subvenciones para programas culturales como el famoso festival literario en Iowa City; el desmantelamiento de la legendaria emisora Voice of America (VOA) o el anuncio de cierre del Instituto para la Paz (USIP por sus siglas en inglés) dedicado a la investigación en la resolución de conflictos. Tal es el empeño de Donald Trump en esta batalla ideológica, que tras el accidente aéreo ocurrido en Washington D.C. el 25 de enero de 2025, solamente 5 días después de su toma de posesión como presidente, se atrevió a culpabilizar del siniestro (67 víctimas mortales) a las políticas de diversidad e inclusión implementadas durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden.
Dentro de la campaña contra colectivos vulnerables, merece un comentario aparte la política migratoria que ha retomado Donald Trump mediante una de sus grandes promesas: las deportaciones masivas. Considerando que prescindir de millones de trabajadores migrantes empleados en el sector agrícola, industrial y manufacturero estadounidense supondría un impacto muy negativo para la economía nacional, es improbable que cumpla con su promesa en cuanto al descomunal número de deportaciones anunciadas, que representaría, según Trump, “el mayor en la historia de los Estados Unidos de América”. No obstante, la exhibición de las violentas imágenes de migrantes esposados de pies y manos enviados en aviones militares a sus países de origen o hacia cárceles salvadoreñas, no sólo han supuesto una vulneración de las normas básicas de reciprocidad y cooperación judicial internacional, sino un desprecio a la dignidad humana.
Con esta escenificación lanza un inequívoco mensaje de vincular migración y criminalidad materializado mediante la caza del migrante con redadas en escuelas, iglesias y centros médicos en busca del “sin papeles”. Una guerra frontal contra la inmigración que reta incluso la propia legalidad de su país mediante la emisión de órdenes ejecutivas para poner fin al derecho constitucionalmente reconocido de otorgar la nacionalidad a todos los nacidos en territorio estadounidense o la amenaza de habilitar 30.000 camas en Guantánamo para migrantes indocumentados. Un pulso que, de momento, la justicia federal está reteniendo, pero que podría provocar una eventual bolsa demográfica de apátridas en territorio estadounidense, o conducir a un limbo jurídico a la población retenida en una base naval estadounidense situada en un tercer país. El penúltimo capítulo de Trump vs. Inmigración ha sido el anunció de la cancelación de los permisos humanitarios concedidos a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que, al denegar su renovación, dejará sin protección contra la deportación a más de medio millón de beneficiarios de estos programas.
Pero si todo lo anterior pudiera suponer un problema global, de poco consuelo sirve saber que Trump sigue cavando trincheras para seguir disparando en más frentes. A todas las guerras anteriores hay que sumar sus batallas contra la salud, la ciencia o la ecología, renunciando a su participación en la OMS (Organización Mundial de la Salud), nombrando al controvertido abogado “antivacunas” Robert F. Kennedy Jr. como responsable de la Sanidad nacional o desligándose del Acuerdo de París que busca combatir a nivel internacional el cambio climático. Los ataques a la prensa tampoco se han hecho esperar, mandando un primer aviso a navegantes con el veto a la tradicional rueda de prensa en el Despacho Oval a los periodistas de la agencia AP (Associated Press) por mantener en su libro de estilo la denominación del citado Golfo de México, o arrebatando a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el poder que tenían desde 1914 para organizar la rotación de medios que cubre al presidente. Una vocación de censura que no oculta al tachar de ilegales a los medios de comunicación que le critican, como así se ha pronunciado recientemente Trump en un discurso ante el Departamento de Justicia.
Lo preocupante de Trump no es lo histriónico de su figura, sino que sus políticas exceden de la dicotomía ideológica entre una visión conservadora o progresista de una realidad que la desconfigura a su antojo para generar expectativas imposibles que socavan unos consensos que no hace tanto hubiera sido inaudito cuestionarlos: igualdad, justicia, soberanía, legalidad, derechos humanos, ciencia, libertad de expresión… Una regresión al simplismo del “conmigo o contra mí” que ya avanzó George W. Bush (2001-2009) en su malograda guerra contra el terrorismo y que, ahora, con un Trump envalentonado y reforzado por una clara victoria electoral no encuentra obstáculo alguno para desplegar todo su arsenal beligerante.
Todo ello explicaría el escaso nivel de respuesta interna con una oposición demócrata noqueada y una ciudadanía con un perfil de protesta muy alejado del ejercido durante su primer mandato. Tal es el amedrentamiento, que los funcionarios de la referida USAID preferían mantener el anonimato de sus quejas ante los medios de comunicación por miedo a represalias de la propia administración a la que representan. Un ejemplo simbólico de esta sumisión generalizada sucedió durante la celebración de la final de la Super Bowl (fútbol americano) el pasado 9 de febrero a la que acudió el presidente Donald Trump como invitado estrella y en la que la NFL (National Football League) “decidió” reemplazar el lema End Racism (acabar con el racismo) que se mostraba en las zonas de anotación desde 2021, por el mensaje Choose Love (elige el amor).
Donald Trump puede marcar así un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos como país democrático, no por ser una figura política con tendencia al autoritarismo, sino por el hecho de si este autoritarismo podrá perforar el orden constitucional de la nación norteamericana. Un riesgo que podría convertirse en realidad si no encontrase un freno efectivo que contraponga al trumpismo más salvaje los principios más esenciales de legalidad institucional. Algo improbable desde el poder ejecutivo con cuadros designados por el propio Trump y, tampoco, desde el legislativo con un Congreso de mayoría republicana y absolutamente afín al presidente. Mientras, es el poder judicial el único que está consiguiendo contrarrestar con algo de éxito algunos de los atropellos legales firmados desde el Despacho Oval, pero el tiempo y fundamentación de sus dictámenes va descompasado con la rapidez y contundencia de los decretos presidenciales.
En clave internacional, el mundo se sitúa ante una disyuntiva que no es para nada menor, sabiendo que contradecir al Tío Sam puede suponer una sentencia al ostracismo. Aún así, son algunos representantes del Sur Global quienes primero han alzado sus voces reivindicando una dignidad política y respeto a las bases fundacionales del derecho internacional. En esta línea, 80 estados miembros de la CPI (Corte Penal Internacional) han declarado su respaldo a la labor de la Corte tras la amenaza de sanciones efectuadas por Donald Trump en una iniciativa que ha sido impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leona y Vanuatu. Mientras, la Unión Europea, cuyos principios fundacionales son libertad, democracia, igualdad y Estado de derecho, parece seguir atrapada en sus propias contradicciones y, a pesar de los desprecios de Trump, no es capaz de erigirse como el contrapeso moral que se esperaba de ella.
La gran pregunta es, entonces, hasta cuando durará el efecto Trump, si será capaz de ejecutar sus políticas más extremas o, si llegado el caso, su querida América recuperará la ansiada gloria o sucumbirá en el intento. Deseos de grandeza que, quizá, puedan derivar en su inevitable decadencia, no sólo de Estados Unidos, sino también de Occidente, pues como afirma el escritor indio Pankaj Mishra “su sensibilidad moral está tan adormecida que han dejado de detectar el grado de ruptura de las normas internacionales”. En cualquier caso, la Historia nos desvelará pacientemente la respuesta. Lo malo es que, de este confuso sueño, despertemos con una enorme resaca.
Publicado en Prisma UC3M 28.03.2025
https://somosprismauc3m.wordpress.com/2025/03/28/las-trincheras-de-donald-trump/